NO GANARON LOS JUBILADOS: LA OPOSICIÓN QUIERE VOLVER A LAS AFJP. FRENTE A ESTOS: LA CLARIDAD DEL DISCURSO DE HELLER (IMPERDIBLE)

Sabbatella: “Ganaron la especulación y el oportunismo; no los jubilados” | Noticias
Publicado el: 19/08/2010

“En el momento en que Proyecto Sur le dio quórum a la derecha, entregó la posibilidad de que el 82 por ciento se financiara legítimamente”, señaló el diputado nacional.



“Es entendible que la derecha, tal como lo hizo en toda su historia, le apunte a las cuentas del Estado con propuestas demagógicas y oportunistas. Lo que es más difícil de comprender es que sectores progresistas colaboren con esa estrategia que juega con las expectativas de los jubilados y se burla del histórico y legítimo reclamo del 82 por ciento”, consideró el diputado Martín Sabbatella y explicó: “En el momento en que los diputados de Proyecto Sur se sentaron en sus bancas, sin condicionar el quórum al financiamiento, entregaron la posibilidad de restituir los aportes patronales. La derecha necesitaba que Proyecto Sur le abriera la puerta para imponer su dictamen y eso es lo que hicieron. Si hubieran puesto como condición la restitución de los aportes patronales y otras fuentes de financiamiento, tal como hicimos nosotros, el proyecto de la derecha no ganaba”.

“Para aumentar a los jubilados hay que gravar la renta extraordinaria. Pensar que eso se va a lograr con los dueños y los representantes de esa renta extraordinaria es ingenuo y peligroso. Es ingenuo y peligros creer que el consenso para medidas progresistas se puede lograr en acuerdos parlamentarios con el PRO, el Peronismo Federal o la Coalición Cívica. ¿Desde cuándo los responsables de haber destruido el sistema previsional, con recortes y congelamiento de los haberes y privatización de los aportes, pueden ser socios de una estrategia progresista que beneficie a los jubilados?”, preguntó el presidente del bloque Nuevo Encuentro. “Hay dos opciones –consideró Sabbatella-. O hay ingenuidad y no se llega a percibir cuáles son los objetivos y la estrategia de la derecha, o hay picardía y oportunismo. En cualquier caso, terminan siendo la pata progre de la derecha”.

“Si el interbloque Proyecto Sur no le hubiera dado quórum al Grupo A, hoy estaríamos construyendo consenso para hacer sustentable la aplicación de esa medida. Estaríamos discutiendo la restitución de los aportes patronales o la eliminación de exenciones de Ganancias, sobre todo en lo que hace a la renta por especulación financiera”, concluyó el diputado nacional.

17° Reunión – 12° Sesión – 18 de Agosto de 2010


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SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES. MODIFICACIÓN SOBRE EL HABER MÍNIMO GARANTIZADO, MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES PREVISIONALES

AQUÍ ORDEN DEL DIA 873

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Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Heller.- Señor presidente: en primer lugar quiero decir que el bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario considera que tanto la garantía de un haber jubilatorio mínimo equivalente al 82 por ciento del salario mínimo, como la actualización de los haberes según los criterios ya establecidos por la Corte Suprema, constituyen una reivindicación absolutamente justa. Además, resultan medidas totalmente posibles de aplicar en tanto y en cuanto estemos todos dispuestos –el Poder Ejecutivo y el Parlamento en sus distintas versiones a discutir en profundidad los caminos para que esto efectivamente pueda concretarse.
Nos encontramos hoy con que tenemos que analizar dos dictámenes, que es la realidad que tenemos planteada: un dictamen de mayoría aprobado en la reunión del 4 de agosto de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Cámara, que a nuestro juicio, lejos de buscar la viabilidad de las medidas propuestas tuvo como finalidad generar un golpe de efecto, porque hizo caso omiso a las cuestiones que entendemos tiene valor -pese a que aquí hubo diputados que sostuvieron lo contrario- respecto de los términos que establece la ley de Administración Financiera en cuanto a la obligación de que cualquier propuesta de incremento de presupuesto vaya acompañada por el correspondiente financiamiento.
En ese sentido hemos advertido que la otra propuesta, la que se plantea desde el lado de la minoría, intenta recoger algunas de esas cuestiones que nosotros planteamos, es decir, recoge la idea de que esto debe contar con financiamiento, pero a nuestro juicio lo hace de una manera parcial e insuficiente.
Por eso en el bloque trabajamos en la elaboración de alternativas de financiamiento con el objetivo de acompañar esta medida que –reitero- nos parece justa, necesaria y también posible.
Aquí se han dado cifras, ha habido distintas estimaciones de esas cifras, y creo que podemos aproximar algunas. Satisfacer el costo necesario para lograr el haber jubilatorio mínimo equivalente al 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil, basado en el nuevo salario mínimo vital y móvil recientemente fijado, requiere un costo anual del orden de los 20 mil millones de pesos.
Hemos escuchado cifras parecidas, porque se habló de 18.900 y de 19.000 millones, de modo que creo que ahí no hay demasiadas diferencias. A nuestro juicio dicha erogación podría ser atendida tomando dos medidas que entendemos viables y que además revisten el carácter de justicia tributaria. Nos parece que son correctas y que está bien que se adopten.
En efecto, el dictamen planteado por la minoría propone restablecer los aportes patronales a los niveles previos a la modificación realizada por el ex ministro de economía Domingo Cavallo, que redujo las alícuotas de aportes con la excusa de que dicha medida reduciría la desocupación y la ocupación en negro.
La realidad hace innecesario que emitamos juicio de valor sobre la eficacia de la medida. Si bien nosotros creemos que el restablecimiento de los aportes patronales al nivel anterior a la modificación mencionada es una cuestión de justicia, y que además hace a un mejor funcionamiento del sistema jubilatorio porque incorpora recursos, sostenemos y compartimos también el criterio del dictamen de minoría en el sentido de que es necesario exceptuar del incremento de los aportes patronales a las pequeñas y medianas empresas con el criterio que establece también el dictamen de minoría.
De esta manera, a nuestro modo de ver, esta restitución de aportes significaría un ingreso de alrededor de 12 mil millones de pesos, esto aplicando la restitución de aportes sólo a las grandes empresas y considerando la categoría de pequeñas y medianas que establece el proyecto de la minoría.
Por lo tanto, para cubrir los 20 mil millones de pesos necesarios para llegar al 82 por ciento nos están faltando 8 mil millones, que proponemos se obtengan de la eliminación de la exención a las ganancias obtenidas por intereses de títulos públicos, las provenientes de compra y venta de acciones y demás títulos valores obtenidos por personas físicas, la exención sobre los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales, así como la eliminación de la exención establecida a los intereses por depósitos en entidades financieras y obligaciones negociables percibidas por personas físicas, estableciendo aquí también -como se planteó respecto de los aportes patronales- parámetros que protejan a los pequeños ahorristas, es decir, con aplicación sobre un monto determinado hacia arriba.
Sobre la base de las cifras que establece el presupuesto nacional, entendemos que estos cuatro conceptos podrían aportar los otros 8 mil millones de pesos que faltan para llegar a los 20 millones necesarios para justificar el ingreso a efectos de poder cumplir con el 82 por ciento mínimo. En ese caso nos queda el análisis del resto, es decir, la recomposición de los haberes jubilatorios prevista en el proyecto de ley, consiste en necesidad de recalcular los haberes según lo determinado por la Corte Suprema.
En este punto quiero decir que si bien es difícil arribar a un valor exacto, al que sólo podría llegarse contando con información detallada de cada uno de los haberes establecidos y vigentes en el sistema previsional, tomando las distintas estimaciones existentes el costo fiscal de la medida se sitúa -a nuestro entender- entre los 14 mil millones y los 16 mil millones de pesos anuales. Esto obviamente generaría un gasto importante a las arcas del Estado, pero nosotros creemos que su implementación merece ser analizada y que deberíamos abocarnos a la búsqueda de otras fuentes genuinas de financiamiento que permitan su implementación.
En ese sentido, estamos pensando en que habrá llegado el momento de determinar mayores impuestos a sectores de alta rentabilidad, lo que también constituiría una verdadera medida redistributiva. Nos estamos refiriendo a sectores como las actividades extractivas, los juegos de azar, etcétera, que seguramente nos permitirían conseguir de manera rápida los recursos necesarios para implementar las medidas que entendemos que son de absoluta justicia social.
Quiero hacer también alguna referencia -porque aquí se lo ha citado en diversas intervenciones- al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y a su utilización anterior y presente.
Lo primero que debo decir -lo expresé en la Comisión de Presupuesto y Hacienda- es que me llama poderosamente la atención escuchar posiciones encendidas en defensa de la aplicación del 82 por ciento por parte de señores diputados que se han opuesto a que el sistema previsional pasara a ser administrado por el Estado y que defendían la conveniencia y viabilidad del sistema de capitalización, es decir, el de las AFJP.
Quiero manifestar, aunque es obvio, que es imposible que en un sistema de capitalización individual siquiera pudiera darse esta discusión, porque en este tipo de sistema cada uno tiene la jubilación que corresponde a los aportes realizados. De la misma manera, en un sistema de capitalización hubiera sido absolutamente imposible dar cobertura a los casi 2.400.000 ciudadanas y ciudadanos que por imperio de las políticas vigentes no tenían los aportes necesarios y por lo tanto quedaron fuera del sistema, habiendo sido necesaria una moratoria que los acogiera en el concepto de la solidaridad social y en el concepto de un sistema de reparto que utiliza el conjunto de fondos de los que dispone para atender al conjunto de los ciudadanos que merecen la jubilación, más allá de que registren aportes y de que hayan sido sujetos de maltrato laboral, como significa no contar con la protección que da desempeñarse en un trabajo en blanco, en un trabajo decente, como califica la OIT al trabajo registrado, a aquel que tiene todos los elementos de la seguridad social.
Quiero referirme al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ya que aquí se ha hablado sobre su utilización y que claramente se piensa recurrir a él, pues no se avanza en la idea de generar recursos.
En primer lugar, quiero desterrar un mito, prejuicio o mala información. Las administradoras de fondos de pensión privadas tenían al momento del traspaso al sistema público el 59,48 por ciento de sus fondos invertidos en títulos públicos. Ese valor sólo se ha aumentado al 61 por ciento, es decir, hay un punto y medio más de inversión que cuando los fondos eran manejados por las AFJP. Entonces, no ha habido un desfinanciamiento para el Estado a través de este cambio de manos.
Lo que hubo fue una notable valoración del Fondo, que aquí se esgrime para señalar la rentabilidad que tiene acumulada. Efectivamente, hay un notable incremento desde los 98 mil millones de pesos que tenía en diciembre de 2008 a los 150 mil millones que existen a junio de 2010. Ese aumento está vinculado a la valorización que han tenido los títulos públicos debido a que se ha alejado la idea del default, que fue reiteradamente sostenida y que hizo que esos títulos tuvieran en algún momento valor de liquidación, y poco a poco han recuperado su cotización, haciendo que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se incrementara.
Fundamentalmente creemos que el incremento tiene que ver con la revalorización que han tenido los títulos públicos. Pero si esos títulos tuvieran que ser vendidos para utilizarlos como liquidez, cualquier persona medianamente informada sabe que tendría una estrepitosa caída de su valor. Hace un tiempo dialogaba con un funcionario chino y le decía que tenían en sus manos la política mundial, dada la enorme cantidad de bonos del Tesoro de Estados Unidos que tienen en su poder como producto de su política comercial. Él me dijo: “Está profundamente equivocado, porque si nosotros decidiéramos venderlos, ¿quién los compraría y cuánto valdrían?” Es decir, valen en la medida que los sostenemos y atesoramos, pero no valen en la medida que los queramos convertir en liquidez, porque perderían sustancialmente su valor. Por eso debemos manejarnos con cuidado.
Se ha criticado aquí el uso de estos fondos para otros destinos. Me permito decir que el mayor uso que tienen no es producto de cuestiones que se han hecho desde el traspaso a la administración pública de los fondos previsionales. Me refiero a la enorme masa de recursos que se han invertido en la época de las AFJP en acciones de compañías privadas, algunas multinacionales, que tienen una enorme participación.