sábado, 9 de enero de 2010

LA JUEZA BURÚ BURÚ SARMIENTO Y LOS OPERATIVOS BANCARIOS



CASO MICELI: INTERVINO LA JUEZA MARIA JOSE SARMIENTO A PEDIDO DE LOS SENADORES RADICALES ERNESTO SANZ Y GERARDO MORALES.
SON LOS MISMOS PERSONAJES QUE INTERVIENEN EN EL CASO REDRADO.
¿COINCIDENCIAS? ¿OPERATIVOS BANCARIOS? ¿AMISTADES JUDICIALES?
PERO ¿QUIÉN ES LA JUEZA SARMIENTO?

PIRULO DE TAPA - PAGINA 12
INTELIGENCIA

María José Sarmiento, quien en tiempo record aceptó dos medidas cautelares contra los decretos presidenciales que crearon el Fondo del Bicentenario y removieron de la presidencia del Banco Central a Martín Redrado, desapareció de los lugares que solía frecuentar, por lo que el Poder Ejecutivo anoche no podía apelar ambas medidas, pese a que como jueza de feria debería haber estado en su despacho. Si todo lo sucedido parece una operación de Inteligencia, no es por casualidad. El padre de la jueza es el teniente coronel Luis Sarmiento, quien durante la dictadura militar revistó en la Secretaría de Inteligencia del Estado. En 1982 fue delegado de la SIDE en la Sudáfrica del apartheid. Su representante legal en la SIDE era su colega Eduardo San Emeterio, otro oficial del Ejército, que a principios de la década de los ’60 cursó la Escuela de las Américas y la Escuela Superior de Guerra de Francia, cuna de la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria. Su hijo homónimo es un ex liceísta que defiende a la mayoría de los acusados por la masacre de Margarita Belén, a Luciano Benjamín Menéndez y a Cecilia Pando.

La Justicia obliga a Miceli a explicar el pago al grupo Greco

La ministra deberá contestar en cinco días un extenso cuestionario que la compromete.
La ministra de Economía, Felisa Miceli, tendrá que presentar en el término de cinco días un informe ante el Senado sobre la frustrada cancelación de una deuda de 587 millones al grupo mendocino Greco, según lo dispuso ayer la jueza en lo contencioso administrativo María José Sarmiento en respuesta a un planteo de los senadores radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales, quienes se ampararon en el derecho de Acceso a la Información Pública para lograr una respuesta a sus consultas por parte de la funcionaria.
Ambos legisladores presentaron ante la Justicia un listado de 20 preguntas sobre el caso, que son las que deberá responder Miceli por escrito. Por disposición de la jueza, la funcionaria deberá ofrecer, además “la totalidad de la prueba con que intente valerse” para satisfacer ese pedido. Más allá del beneficio que esta medida pueda aportar al esclarecimiento del caso Greco, la decisión de Sarmiento se convirtió en el primer antecedente jurisprudencial respecto de la aplicación del decreto 1.172/03 que reglamenta el Acceso a la Información pública para todos los ciudadanos que necesiten obtener respuestas por parte del Poder Ejecutivo Nacional. “Está claro que a partir de este fallo los funcionarios tienen que cumplir con el decreto. A Miceli le hicimos 25 preguntas en su momento y contestó tres. Después dijo que se amparaba en el secreto judicial, por eso presentamos el amparo”, explicó a este diario Sanz. Los senadores radicales le pidieron a Miceli información sobre un pedido de autorización del Gobierno al Congreso para la emisión de 1.300 millones de pesos en títulos de la deuda pública entre los cuales -disimulados en el rubro “pago a proveedores” - se incluían 587 millones destinados a indemnizar al grupo Greco. El caso tomó estado público cuando Sanz y Morales impidieron que el Senado aprobara la ley -que ya había recibido media sanción de Diputados- ante las sospechas que les causaba la forma en que se había justificado el pago. La ministra negó cualquier responsabilidad en la maniobra y ordenó la suspensión del trámite de aprobación del proyecto, además de la instrucción de un sumario en el Ministerio de Economía. Sin embargo, no pudo evitar que el caso llegara a la Justicia y hoy dos magistrados llevan adelante la investigación: el juez federal Sergio Torres está a cargo del expediente iniciado por la propia denuncia de Miceli, mientras que su colega Ariel Lijo instruye la causa originada en una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans contra la funcionaria y el Procurador Osvaldo Guglielmino. Sanz explicó que la resolución de la jueza Sarmiento no equivale a una interpelación parlamentaria, pero obliga a la ministra a responder el cuestionario y aportar pruebas concretas. Ambos senadores quieren que Miceli responda, entre otras cuestiones, “cómo se determinó el monto indicado como obligación a cancelar al grupo Greco”, y si existe “alguna opinión, intervención o informe técnico por escrito elaborado por ella misma solicitando la cancelación de la deuda con el grupo o alguna advertencia al Presidente de la Nación o al jefe de Gabinete para no cancelar las mismas e investigar la situación”. Además, la indagan sobre la participación de la Procuración del Tesoro en el control del proceso judicial que terminó con la homologación del acuerdo de pago, y el nombre del funcionario que realizó la “solicitud del monto a incluir en el pedido realizado mediante proyecto de ley ante el Congreso de la Nación”. La respuesta a esas preguntas “podrían trocar la posición del Estado argentino, de deudor a acreedor del Grupo Greco”, explicaron fuentes cercanas a los legisladores. “Si bien, Miceli, remitió una respuesta, ésta fue recibida por los senadores fuera del término legal y además la misma es parcial, insuficiente y no responde lo sustancial”, dijeron los legisladores radicales.

1 comentario:

MONA dijo...

Pero hay quienes consideran que la jueza Sarmiento se "excedió en sus atribuciones" al restituir a Redrado en el Central.
En efecto: el constitucionalista Eduardo Barcesat explicó que "la Presidente es quien nombra y remueve a los funcionarios y lo hace por decreto". Justificó su análisis al remarcar que la magistrada "puede conceder la apelación, pero deberían haber quedado en suspenso hasta que se expida la Cámara Nacional de Apelaciones". La restitución del presidente del Banco Central es una decisión "demasiado vulnerable como para que quede firme".
"Quien nombra y remueve a los funcionarios de la Administración Pública es la Presidente y lo hace por decreto. Esta suspensión y reposición del presidente del Banco Central entiendo que va a ser revista", sostuvo el abogado.
En ese aspecto, negó que la decisión de Cristina Kirchner haya ido en contra de la Carta Orgánica del Banco Central, la cual no dice que se deba tener el consenso del Congreso.
"La ley orgánica no dice que se debe proceder con acuerdo de la comisión especial del Congreso, sino que habla de pedir consejo. Un consejo es cuando uno tiene dudas, pero en este caso el pedido de destitución por mal desempeño de sus funciones está firme", evaluó.
Te saludo