SAN ANTONIO DE ARECO SE INUNDÓ. LOS PRODUCTORES SE HACEN LOS BOLUDOS PORQUE NOS QUIEREN TOMAR POR BOLUDOS.

AQUÍ ESTÁN:
ZONA SOJERA.
USO DE GLIFOSATO.
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS SUELOS.
ERGO: INUNDACIONES
SOLUCIÓN: CANALES "ALIVIADORES" (PARA LOS CAMPOS DE, POR EJEMPLO, BIOLCATTI. UNO DE LOS QUE LOS PUEDEN CONSTRUIR PORQUE CUESTAN ENTRE 500 Y 600 MIL PESOS).
ESTOS SON:
LOS MISMOS QUE QUEMABAN CAMPOS PARA EXTENDER LA FRONTERA SOJERA.
Y OCASIONARON PROBLEMAS Y VÍCTIMAS EN LAS RUTAS.
LOS MISMOS QUE QUIEREN TAPAR CON UNA NUBE DE HUMO LO QUE LE ESTÁN HACIENDO AL SUELO POR LA SOJA.

Aquí están,
estos son!
Escribe: Mónica Oporto

San Antonio de Areco se inundó. Los productores se hacen los distraídos como perro que volteó la olla.
Lo peor es que se enojan porque es la mejor forma de “tirar la pelota a fuera”.
¿Yo señor? ¡no señor! ¿pues entonces quién fue...?

San Antonio de Areco, ubicada al norte de la Provincia de Buenos Aires posee una superficie que en un 70% está destinada a la producción agropecuaria. A su vez, más del 70% de esta superficie tiene uso agrícola por la aptitud de los suelos para esta actividad y por la rentabilidad de los cultivos. El porcentaje restante de las tierras son utilizadas para la actividad ganadera.
Pero los cultivos predominantes son soja, maíz, trigo, girasol, sorgo, avena y pasturas.

Con respecto a la situación puntual, y haciendo una apelación en positivo se puede decir que como todo el mundo sabe llovió bastante estos últimos días. Pero, y sin desmerecer el efecto de las lluvias, las consecuencias de éstas han sido inusitadas, terribles. Tanto que llegó ayuda oficial de inmediato. Diversas autoridades sobrevolaron la zona afectada la intendenta de San Antonio de Areco, el mismo Scioli y los ministros bonaerenses de Obras y Servicios Públicos, Cristina Álvarez Rodríguez, y de Justicia, Ricardo Casal.

Los funcionarios nacionales y provinciales notaron la construcción de canales clandestinos realizados por los propios productores para evitar la anegación de sus campos. Anunciaron haber confirmado la existencia de canales de forma rectilínea que desembocan en el río. Qué dijeron ante estas declaraciones los productores? Los productores dijeron no desconocer la existencia de canales irregulares! (la Asociación Regional de Productores de Areco, ver lanacion.com).

No obstante haber reconocido los hechos salieron a rechazar los dichos de las autoridades. Dijo Eduardo Buzzi: "4 ó 5 canales no pueden causar tal inundación”.
Estos hechos ponen en evidencia una angurria por la acumulación. El caso de San Antonio de Areco pone en el tapete la discusión de un modelo de expansión de las fronteras agropecuarias para la siembra que ponen en riesgo vidas, bienes y el medio. Porque el daño ecológico es terrible.

Este modelo de producción agropecuaria se tiene que empezar a discutir porque conlleva factores de problema. Además de la apropiación del espacio a medida que avanza expansión de la frontera agrícola, debe considerarse el desmonte en muchas zonas para la siembra de cultivos y la consecuente destrucción del bosque que actúa absorbiendo el agua que un área sembrada. Pero lo más expeditivo resultó la construcción de canales, legales o clandestinos, que sacan el agua más rápido pero la acumulan en otro lugar….

Vale decir que, después de estas consideraciones, si “los productores”, pero particularmente uno de sus representantes (como Eduardo Buzzi), confiesan haber transgredido disposiciones que hacen a la seguridad de la comunidad, y alegremente los medios salen a decir que “voceros del campo rechazaron la imputación de provocar el desastre: 4 ó 5 canales no pueden causar tal inundación”, debemos beatificarlos?.
Hagamos memoria…. Como dice el amigo Martin Latinoamericano: Un pueblo sin memoria, se jode. Y es así, clarísimo. Un pueblo que se olvida y no relaciona los hechos, está jodidamente jodido, doblemente jodido. Porque está expuesto a que lo vuelvan a joder. Por eso, conviene recordar que no hace mucho tiempo atrás, concretamente por Abril de 2008 se producían los incendios de los campos que dejaban las rutas en este estado…

Para qué se quemaban los campos? Para avanzar la frontera agrícola.
Claro, los productores tampoco tenían nada que ver… aunque a los pocos días se revelara que había detenidos por los incendios de campos, y que la Justicia encontró elementos utilizados para incendiar los campos. Estos incendios ocasionaron graves accidentes viales que le costaron la vida a varias personas, la cancelación de transportes aéreos y terrestres… también el factor meteorológico incidió, pero fue la mano humana la que provocó el desastre. Hubiera faltado el comentario “por 4 o 5 fueguitos no se puede causar un KAOS en las rutas”…

Pero por esos días, también se cortaban las rutas impidiendo el paso de todo transporte de granos y hacienda… se producían denuncias por desabastecimiento y en muchos casos se mostró cómo los productores tiraban alimentos a la ruta para destruirlo. Huelgan los comentarios sobre la destrucción de alimentos (que nos retrotraen a la Década Infame, cuando la baja de los precios de los alimentos hizo que el gobierno de facto optara por la misma solución… aunque los alimentos destruidos los tuviera que pagar indirectamente el consumidor por la vía impositiva. Pero ya sabemos qué sensibilidad social tenían aquellos gobiernos).

Estos tres hechos parecen no tener ningún nexo, sin embargo en los tres casos la participación de la mano humana está presente.
En los tres casos hay una referencia a los productores agrícolas y la apropiación del territorio en su avance de la frontera agrícola.
Pero, por encima de todo, en los tres casos hay una avaricia desmedida y, nada casualmente, una referencia a la producción sojera.
La angurria incontenible nos ahoga, nos tapa. Como a San Antonio de Areco.

Actualización:
Una entidad rural ratificó la construcción de canales clandestinos en la zona afectada.
Pedro Apaolaza, titular de Carbap, aseguró que "hubo construcción de canales clandestinos". "No me cabe ninguna duda, estuve conversando con gente de la zona que conoce esto perfectamente", señaló y agregó que "hay que realizar un plan para revertir esta situación".
En diálogo con Radio Milenium, Apaolaza dijo que "tenemos que poner esta situación blanco sobre negro y después proceder de la mejor manera posible".
El dirigente rural afirmó que "hay en toda la provincia de Buenos Aires" canales clandestinos.
"Hidráulica debe hacer un informe sobre lo que paso y porque se ha producido este cuello de botella", sostuvo Apaolaza y agregó: "hay que realizar un plan para revertir esta situación".(Fuente: TELAM)


Mezquinos y resentidos

Por Horacio Verbitsky

En la última semana del año pasado la intendente radical de San Antonio de Areco Estela Lennon, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, atribuyeron la envergadura y la velocidad de la inundación que anegó el casco urbano a la excavación ilegal de miles de canales en campos de la zona, que pudieron observar cuando la sobrevolaron. Esos canales desagotan los campos y conducen las aguas de lluvia hacia el río. Según los expertos esto explica que un caudal extraordinario de líquido se haya volcado en pocas horas sobre la ciudad, donde 90 hectáreas quedaron sumergidas y fue preciso evacuar a 3.000 ciudadanos. Las entidades patronales agropecuarias lo negaron y explicaron que las precipitaciones habían duplicado lo habitual. La Sociedad Rural Argentina presidida por el tambero Hugo Biolcati sostuvo que la acusación era mezquina y prejuiciosa y se originaba en el “resentimiento político”. El chinchorro de Biolcati, Eduardo Buzzi, dijo que el gobierno intentaba confundir a la opinión pública ya que el control hidráulico corresponde al Estado y no a los particulares. Es conocida la respuesta de Biolcati y Buzzi cuando el Estado se hace cargo de esas funciones. Biolcati es un experto en canalizaciones clandestinas. Una investigación de la periodista Ana Clara Pérez Cotten publicada el año pasado en el semanario Noticias reveló que tiene abiertos varios juicios por haber realizado ese tipo de obra clandestina en su tambo La Dorita, en Carlos Casares, que recibió el 16 por ciento de todos los subsidios estatales para lechería. Según Pérez Cotten el escurrimiento de las aguas se rige por la ley del sálvese quien pueda. “El más poderoso, aquel con capacidad económica para canalizar, inundaba al vecino y modificaba el curso de las aguas en contra del cauce natural. La Dorita, mediante numerosas canalizaciones, desvió aguas y amenazó a la localidad de French del partido de 9 de Julio”. Agrega que a pedido de los productores afectados el municipio de 9 de Julio recurrió al Juzgado Civil y Comercial Nº 2 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, que ordenó allanar el campo de Biolcati. En el allanamiento se encontraron retroexcavadoras “en pleno proceso de canalización”. La municipalidad normalizó el curso de las aguas e intimó a Biolcati a interrumpir las obras. Biolcati replicó con una demanda contra la Provincia de Buenos Aires y los municipios de 9 de Julio y de Carlos Casares, a los que demandó una indemnización millonaria por el anegamiento de un millar de hectáreas de su propiedad, que atribuyó a negligencia oficial en el manejo de aguas pluviales. El año pasado la Corte Suprema de Justicia remitió la causa a la justicia bonaerense, donde se tramita. La industria del juicio a la provincia a raíz de las inundaciones no es un invento reciente. Con esos litigios hizo su fortuna antes de acceder a la Corte Suprema el luego destituido juez Eduardo Moliné O’Connor. En los últimos quince años, Biolcati ganó tres de esos juicios, por 130.000 dólares y 90.000 pesos. Está claro que él no tiene motivos para el resentimiento ni la mezquindad.


Soja, apuros y escurridas

Por Alejandra Dandan

–Sabés qué pasa, corazón, ¡todo el mundo tiene canales clandestinos!

Lo dice el intendente de Lincoln, que sigue aclarando: “¡Pero no valen dos pesos con cincuenta, eh! Hacer uno te cuesta 500 o 600 mil pesos, por eso, ¿quiénes los pueden hacer? ¿Los productores chicos? ¡No! ¡Los grandes!”.

Hace ya mucho tiempo, Jorge Abel Fernández era almacenero en el pueblo de Lincoln. Se formó con la Renovación peronista, en alguna de las agrupaciones de la que también formó parte el ahora ministro Florencio Randazzo. Desde el interior de la provincia de Buenos Aires, en el corazón sojero de la Pampa Húmeda, se sumó al debate sobre la explosión y efectos de los canales de desagües clandestinos en los campos más productivos del país. Página/12 consultó además a funcionarios e ingenieros agrónomos para entender el fenómeno que dejó bajo las aguas a San Antonio de Areco.

Con el correr de la semana, varios datos quedaron claros: los canales de drenaje o desagüe no están en las zonas ganaderas sino en las agrícolas.

Además de los desagües naturales, están los canales aliviadores que construye el Estado y los que mandan a excavar particulares. Para los especialistas más fundamentalistas, los estatales son buenos y los otros pueden provocar desmadres como los del fin de semana pasado. A ese segundo universo pertenecen los canales clandestinos.

Roberto Ituburu es ingeniero agrónomo, vive en Esquel y escribió para el INTA un documento en el que explica el manejo de los canales de riego. “En Chubut –dice ante una consulta de Página/12– antes de abrir un canal de riego tenés que presentar un proyecto agronómico e hidráulico en el Instituto Provincial del Agua, y eso sucede en general en cada una de las provincias. Ese proyecto se aprueba o no se aprueba, uno recibe así un permiso precario, la provincia fija un canon de riego, constata la obra y entonces se usa el caudal. Y lo mismo sucede con el drenaje.”

Un canal en regla es lo que justamente no se hizo o se hizo mal en Areco. Los productores construyen los canales para extraer el agua sobrante del riego o de la lluvia, a cielo abierto o subterráneos. Las excavaciones las puede hacer una empresa, pero abundan los productores que las hacen por sí mismos, con retroexcavadoras. Como de todos modos son procesos caros, quienes lo llevan adelante son productores grandes, como explicó el intendente Fernández. “Una palada levanta un metro cúbico de tierra –indica el intendente– y cuesta unos 3 dólares más iva. Un canal puede tener 6 metros de ancho por dos de profundidad y 3000 de largo. Calculá, eso no cuesta menos de novecientos mil pesos.”

¿Cuántos canales hay? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo explotaron? Enrique Martínez, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), dice que son “más viejos que la injusticia”. Como los suelos de la provincia de Buenos Aires son excepcionalmente planos, con aguas que corren del centro a la costa buscando una salida al mar, lo que suele suceder es que cada productor construye su propio canal para sacarse el agua de encima lo antes posible: un vecino le pasa el agua al otro, y el pueblo que está arriba al pueblo que está abajo. Así sucede con Villegas, Lincoln y Los Toldos o en el límite entre Córdoba y Santa Fe, donde los vecinos se protegen construyendo terraplenes o canales. “Es ley en el campo –dice Martínez– que cada dueño haga lo que sea puertas adentro. El agua se escurre o con un terraplén o con otro canal. La legislación nadie la aplica, el poder público siempre llega tarde, los dueños son los que dicen qué hacer cuándo les sobra el agua. Si usted camina en esos pueblos y se pone a hablar con la gente va a ver que siempre pasó lo mismo: lo que ocurre es que cuando eso llega adentro de un pueblo todo se magnifica.”

A mediados de 2004 cayó una “inesperada y repentina” lluvia, dijeron los diarios, en el pueblo de Huanchilla, al sur de la provincia de Córdoba. Los 200 milímetros que cayeron en pocas horas provocaron la pérdida del sesenta por ciento de la producción láctea, entre otros efectos. Todavía hoy, la edición electrónica de Intagro SA recuerda esos sucesos en los que las lagunas les anegaron las entradas a “casi cuarenta tambos” y los productores derramaron hasta 60 mil litros de leche por día. En estos días, el gobierno nacional recordó varias veces las características de aquel episodio: para ellos es uno de los antecedentes más claros sobre lo que acaba de suceder en Areco.

“En ese momento nos enfrentamos con los productores de la zona –indica un funcionario del Ministerio de Planificación– los responsabilizamos por las inundaciones, aunque no llegamos a pelearnos judicialmente.” Es que luego de convocar a especialistas y técnicos de la universidad, el Gobierno demostró que sin la presencia de canales en la zona, la lluvia no habría podido hacer desbordar los cauces de los ríos de la manera en la que lo hizo. “La lluvia fue a parar al costado de la ruta. En la zona se habían hecho meandros, canales, cunetas, pero a través de un modelo comprobamos que el hidrograma del agua daba, sin esas obras, cuatro metros cúbicos por segundo. Luego se hizo lo mismo con una cuenca alterada artificialmente: daba veintidós metros cúbicos, es decir, que los canales multiplicaron por más de cinco el caudal del agua y el agua llegó al pueblo antes de lo que hubiese llegado”.

Un factor que aparece como central es el boom de la soja, que reconvirtió zonas ganaderas en agrícolas y cambió el uso de la tierra. “Mi hipótesis es que la siembra directa modificó las condiciones del suelo –dice Enrique Martínez– porque hizo que los campos los tengan más compactados que antes. El grado de infiltración del agua en algunas superficies con soja, donde no hay rotación soja/maíz, es probablemente mucho menor y la correntada del agua entonces es mayor.”

Bajo esa mirada, no es entonces que el boom de la soja haya provocado sólo más canales sino que los que ya estaban alteraron su dinamismo, por la forma de cultivo de siembra directa. Lo que también es cierto, admite Martínez, es que en zonas como estas “cuando la ganadería retrocede para darle lugar a lo agrícola, los campos necesitan secarse rápidamente. La ganadería no necesitaría profundizar los canales. La ausencia de ganadería aumenta la tendencia de tener canales”. Si eso es cierto, entonces es posible pensar en un crecimiento exponencial y descontrolado de los canales de desagüe.


La inundación

Por Alfredo Zaiat

La inédita inundación del centro urbano de San Antonio de Areco brinda un oportuno, aunque dramático para sus habitantes, ejemplo de lo que hace el mercado librado al manejo de las fuerzas del poder económico. También es una contundente enseñanza de que no es suficiente el discurso sobre la necesidad de la presencia del Estado en la economía. Se requiere decisión política y legitimidad social para intervenir con eficacia para evitar que, pese a normativas y mecanismos de control oficiales, los grupos que ostentan considerable riqueza patrimonial tengan capacidad de subordinar a las autoridades para la defensa de sus intereses materiales.

La construcción de canales clandestinos es habitual en la actividad agropecuaria. Algunos son de riego y otros para protegerse de crecidas. Esa tarea debe ser supervisada y planificada por autoridades competentes para ordenarla y preservar el bien común. La canalización es una alternativa para favorecer el deslizamiento del agua en el corazón de la pampa bonaerense, una llanura de escasa pendiente natural. Pero cuando se realiza en forma ilegal provoca daños a productores vecinos o genera desastres, como el que está viviendo San Antonio de Areco. Los dirigentes de la Mesa de Enlace ofenden la inteligencia de sus interlocutores cuando pretenden ocultar la responsabilidad de esos canales en la inundación. Es obvio que las fuertes lluvias encendieron la mecha, pero la explosión tuvo semejante efecto expansivo con su consiguiente impacto destructivo por los varios canales clandestinos aliviadores, que aceleraron el caudal de recepción en el curso natural del río, que terminó desbordado, penetrando las aguas en el casco urbano.

El recorrido aéreo de la zona reveló a las autoridades municipales, provinciales y nacionales que los campos más grandes, o sea de los propietarios más poderosos del municipio, estaban escurridos debido a la existencia de canales no autorizados, en pendiente en forma lineal, que imprime mayor velocidad al drenaje de las aguas. No se requiere de mucha sagacidad para deducir los motivos de ese fenómeno topográfico, así como también a quiénes les corresponde una importante cuota de responsabilidad por hundir así en el agua a gran parte del centro urbano de San Antonio de Areco.

En ese municipio agrícola-ganadero, como en casi todos con estrechos vínculos con esa actividad económica, los grandes productores de la zona son venerados y temidos por el pueblo. Son los que “brindan” trabajo y “mueven” el circuito comercial e inmobiliario de la zona, a la vez que “otorgan” apoyo político a su intendente. Por las características de esas sociedades, un rasgo distintivo de esas localidades agrícolas es la prepotencia e impunidad del poder económico local. Si a esa configuración regresiva de las relaciones económicas se sumó en los últimos dos años la presión extorsiva de las cámaras patronales de la Mesa de Enlace a las fuerzas políticas, más complicada se presenta la posibilidad de controles y sanciones del Estado por la construcción de canales clandestinos. De ese modo, el drama de San Antonio de Areco expone al mercado en su expresión más genuina de destrucción con un Estado subordinado a las corporaciones. Esta es la forma de organización política y económica por la que está batallando desde marzo de 2008 la alianza de la trama multinacional sojera con las fuerzas políticas subordinadas a los intereses de los poderosos. En San Antonio de Areco ya hubo una muestra de su resultado y de lo que se puede esperar con la consolidación de su hegemonía: la inundación.

azaiat@pagina12.com.ar


La Dorita también ve bajar las aguas turbias

El actual presidente de la Sociedad Rural Argentina tiene una causa abierta por sus propios vecinos, por volcarles aguas a sus campos. Lo taparon y Biolcati volvió a abrirlo.

Por Alfredo Zaiat

La estancia La Dorita fue denunciada en 2001 ante la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires por la existencia de un canal clandestino que permitía escurrir sus campos afectando a sus vecinos. El dueño de esos campos es Hugo Biolcati, actual presidente de la Sociedad Rural Argentina. En esos años de padecimiento de los productores, por los efectos económicos de la convertibilidad y por la gran inundación en la Pampa Húmeda, la construcción de canales aliviadores ilegales multiplicaron los riesgos sobre el casco urbano de decenas de localidades y sobre los campos de pequeños y medianos productores. Esas obras provocaron varios enfrentamientos entre productores y también entre intendentes. Uno de los canales clandestinos que hizo estragos fue el construido en la estancia La Dorita, que servía para salvar los campos de Biolcati. Una serie de artículos publicados en esos años en el diario La Nación, medio que no puede ser señalado como enemigo del campo al expresar como ningún otro el interés de los integrantes del sector agropecuario privilegiado, refleja el caso de La Dorita de Biolcati, entre otros. El titular de la Sociedad Rural se refirió la semana pasada a la denuncia de canales clandestinos que inundaron gran parte del pueblo de San Antonio de Areco. Opinó que esa acusación era “mezquina” y que no tenía nada que ver con la “gravísima inundación”. Biolcati sabe de lo que habla.

En 2001 vecinos de Biolcati, entre los más destacados se encontraban los de la estancia Santa Elena de Inchauspe, iniciaron un expediente ante la Dirección de Hidráulica denunciando que en la estancia La Dorita se había construido un canal clandestino. Se inició una causa. Hubo un allanamiento pedido por el fiscal de la provincia el 30 de octubre de 2001. Luego de ese procedimiento que constató la existencia de ese canal se procedió a su taponamiento. Pero fue reabierto nuevamente. Los tribunales de Trenque Lauquen son los únicos en los 13 partidos del noroeste bonaerense. Los jueces de ese municipio son los que intervienen en las causas de todos los habitantes de esa región. Por ese motivo, frente a la reapertura de ese canal ilegal, el juez en lo civil y comercial Toribio Sosa de Trenque Lauquen y el delegado fiscal de la fiscalía de Estado, con sede en Trenque Lauquen, Miguel H. Paso, en marzo de 2002, libraron un mandamiento para allanar el lugar si no se permitía el ingreso y para taponar el canal clandestino. Este afectaba a las localidades de Cambaceres y French, del municipio de 9 de Julio. El juez Sosa intimó a La Dorita a abstenerse de reabrir el canal.

Expertos del sector y productores agropecuarios que batallan contra el “sálvese quien pueda” de sus pares, comportamiento que se verifica en especial entre los de mayor poder económico, destacan que el manejo del agua de la provincia ha sido históricamente desastroso. Y evalúan como muy ineficaces los mecanismos del Estado para controlar los canales clandestinos. Pero también saben que en los pueblos bonaerenses muchos de los canales clandestinos se hacen con la anuencia de los intendentes, que no se quieren enemistar con el poder económico local.

Por ejemplo, en el caso de La Dorita, el protagonista fue el radical José Andreoli, de Carlos Casares, que se suicidó con una escopeta calibre 12.70 luego de haber sido suspendido por el Concejo Deliberante acusado de cometer irregularidades en la contratación de seguros de vida para empleados comunales. También había sido denunciado por haber hecho canalizar su campo para evitar el anegamiento, como se menciona en un artículo de La Nación, publicado el jueves 25 de octubre de 2001.

El desastre de San Antonio de Areco sorprendió por su dimensión, pero no por una de las principales causas que lo precipitó: la existencia de numerosos canales clandestinos. En otra nota de La Nación, del sábado 13 de marzo de 2004, se hace mención a un documento de la Autoridad del Agua (ADA), el organismo encargado de ordenar el manejo del agua en la provincia. Ante la denuncia sobre la existencia de 1041 canales u obras hidráulicas irregulares en las zonas inundadas del centro y noroeste bonaerense en el período 2003-marzo 2004, esa dependencia oficial dio curso a un total de 994 expedientes –el resto de las presentaciones fue desestimado– y, previo análisis de cada caso, dispuso la intimación de 711 infractores, el 72 por ciento del total de los acusados. El autor de ese artículo, el periodista Pablo Morosi, precisa que la Autoridad del Agua “resolvió declarar clandestinos a 329 de esos emprendimientos (el 33 por ciento). Y logró la desactivación voluntaria, mediante un mecanismo de audiencias, de 287 obras (el 29 por ciento); además de haber conseguido sacar de operación otras siete por vía judicial”.

El entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, cuando todavía no era un abanderado de las rebelión sojera BB (Biolcati-Buzzi), firmó el 22 de octubre de 2002 la resolución 229 referida a las obras no autorizadas en los campos. Estableció un nuevo procedimiento para frenar la construcción de canales clandestinos “que alteren el normal escurrimiento de las aguas en las zonas afectadas por las inundaciones”. La resolución indica que, ante la existencia de obras sin permiso, se debe denunciar por escrito ante el distrito de Hidráulica más cercano, el cual debe comprobar la existencia de la obra y remitir la información en 72 horas al director provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas. Esta repartición, en 48 horas, debe corroborar si los trabajos están autorizados. En caso contrario, tiene que girar las actuaciones a la Autoridad del Agua, que intima al propietario de la obra. Según esa norma, si éste no presenta documentación que acredite que podía realizarlos, se declara su clandestinidad, y se lo intima a restituir la situación a su estado anterior. De no hacerlo, debe realizarlo ADA, a costa del propietario y con el auxilio de la policía.

Existe otra causa vinculada a canales clandestinos que llegó a la Corte Suprema de Justicia que involucra a La Dorita de Biolcati. Se relacionaba al riesgo de desborde de la laguna Maganini, en Casares. Este conflicto surge porque existía un canal que evacuaba las aguas pluviales hacia otra laguna que está dentro de la estancia La Dorita y que hacía imposible desagotarlo en su terreno. En 1996 la provincia de Buenos Aires, por medio de la Dirección de Hidráulica, desvió artificialmente aguas a la laguna ubicada en el campo La Dorita, que al recibir más líquido del que podía contener, desbordó y penetró en el establecimiento El Pequén, de Serenar SA, está situado en el cuartel IV del partido de 9 de Julio y comprende una fracción de 495 hectáreas.

El comunicado difundido por la Sociedad Rural se parece más a una defensa preventiva de su titular que una referencia al desastre en el centro urbano de San Antonio de Areco provocado por los canales clandestinos. La entidad manejada por Biolcati calificó como una “imprudencia” que se lancen acusaciones “sin fundamentos evidentes sobre un sector social como el de los productores agropecuarios”. “Lo genuino moralmente será demostrar un interés concreto por resolver estos problemas en lo inmediato”, destacó. Sus compañeros de la rebelión sojera de la Mesa de Enlace no desconocen la gravedad de la existencia de canales clandestinos y de la responsabilidad de las autoridades municipales y provinciales, pero también la de los productores. En una carta al lector publicada en La Nación, el sábado 27 de marzo de 2004, con el título “Tiempo de actuar”, Mario Llambías, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), aconsejó que “en el nivel municipal, al igual que los particulares, se deberán adecuar los alteos de caminos y se deberán promover por cuencas y microcuencas la constitución de consorcios canaleros vecinales para actuar sobre sus propias obras de regulación ante excesos o faltantes hídricos”. Para reclamar que “los productores, a su vez, deberían desafectar obras que no sean aprobadas y constituir rápidamente los consorcios, así como regular su funcionamiento ante las distintas circunstancias climáticas”. Llambías tendrá la oportunidad de recordar y reiterar ese pedido a su compañero de lucha Biolcati en la próxima reunión de la Mesa de Enlace.

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